La gran estafa académica: contra el fetichismo del JCR y las mafias que pueblan sus páginas

Hay una clase profesional que ha logrado algo extraordinario: convertir el conocimiento en moneda y, al mismo tiempo, vaciarlo de contenido. Se hacen llamar investigadores. Llevan corbata o americana de pana, ocupan despachos con ventana, dirigen tesis que no leen y firman artículos que no han escrito. Su patria es el cuartil. Su himno, el factor de impacto. Su dios, un acrónimo: JCR.

Conviene decirlo sin anestesia: el sistema Journal Citation Reports (y la liturgia universitaria que se ha construido a su alrededor) se ha convertido en uno de los mayores fraudes intelectuales de nuestro tiempo. No porque medir la ciencia sea malo, sino porque hemos sustituido la ciencia por la métrica. Y cuando la métrica se vuelve el objetivo, deja de medir nada. Lo formuló Goodhart hace décadas. Lo viven cada día miles de doctorandos que aprenden, antes que a pensar, a optimizar.

El arte de no aportar nada y firmarlo entre ocho

Asómese cualquiera a las bases de datos. Verá artículos firmados por diez, doce, quince autores en disciplinas donde el laboratorio cabe en un cajón. Verá catedráticos cuya producción anual rivaliza con la de un equipo de cien personas, milagro explicable solo si admitimos que han descubierto el secreto de la bilocación o, más prosaicamente, que han descubierto el intercambio cruzado de autorías. Yo te pongo en el mío, tú me pones en el tuyo, y al final del sexenio nos vamos los dos a cenar. Ciencia colaborativa, lo llaman. Mafia, lo llamaríamos en cualquier otro sector.

La autoría honorífica (ese eufemismo cobarde para nombrar el robo intelectual) se ha normalizado hasta tal punto que ya nadie se sonroja. El director del departamento firma sin haber leído. El catedrático firma porque «ha dado ideas» hace tres años en un café. El amigo firma para que devuelva el favor el trimestre siguiente. Mientras tanto, el becario que escribió cada coma del manuscrito aparece en cuarta posición, agradecido de que le hayan dejado entrar en la fiesta de su propio trabajo.

La picaresca del cuartil

Los virtuosos del JCR han desarrollado un arsenal de técnicas que avergonzaría a un trilero de la Gran Vía:

• El salchichón científico: dividir un estudio que cabría en un artículo serio en seis publicaciones famélicas, cada una con un dato y media conclusión, para multiplicar la cuenta.
• Los cárteles de citación: grupos que se citan recíprocamente con la fidelidad de una secta, inflando artificialmente los índices h y manteniendo a flote revistas mediocres dirigidas por sus propios miembros.
• El p-hacking y el HARKing: torturar los datos hasta que confiesen, y luego escribir la hipótesis después de conocer el resultado, fingiendo que se predijo lo que ya se sabía.
• La revista amiga: ese Q1 sospechosamente endogámico donde publican siempre los mismos, revisados por los mismos, citados por los mismos.
• El paper de pago disfrazado: el «open access» que de abierto solo tiene el bolsillo, donde por dos mil euros publican lo que sea con tal de que el cheque no rebote.

Y luego están, claro, los casos abiertamente fraudulentos: figuras manipuladas con Photoshop, datos inventados, ensayos clínicos que nunca existieron. Los retractan a veces. Pocas veces. Y cuando ocurre, el firmante sigue en su cátedra, sigue presidiendo tribunales, sigue dirigiendo tesis. Porque en la universidad española (y en muchas otras) ser pillado mintiendo cuesta menos que ser pillado siendo honesto y poco productivo.

¿Para quién trabajamos?

Lo más obsceno del sistema no es siquiera la trampa individual. Es que toda esta maquinaria (pagada con dinero público, sostenida por el trabajo gratuito de miles de revisores, alimentada por la ansiedad de doctorandos sin contrato) engorda los beneficios de cuatro multinacionales editoriales que cobran márgenes superiores a los de Apple. Elsevier, Springer, Wiley, Taylor & Francis. Compramos a precio de oro lo que les hemos regalado, y encima les damos las gracias por permitirnos hacerlo.

Mientras tanto, la sociedad que financia todo esto recibe ¿qué? Artículos en inglés, encerrados detrás de muros de pago, escritos en una jerga deliberadamente impenetrable, sobre cuestiones que ni el propio autor cree relevantes pero que daban para un Q1. Estudios que nadie replicará (porque replicar no puntúa). Conclusiones que no llegarán al aula, ni al hospital, ni al taller, ni al campo. Conocimiento producido en circuito cerrado para consumo de la propia tribu.

La crisis de replicabilidad es la confesión silenciosa de todo esto: en psicología, en biomedicina, en economía, la mitad o más de los resultados «consolidados» se evaporan cuando alguien se molesta en comprobarlos. Pero qué importa: los autores ya tienen su plaza, ya tienen su sexenio, ya tienen su ANECA. La verdad puede esperar. El cuartil no.

La complicidad institucional

Habría que ser ingenuo para creer que esto se sostiene solo por la codicia de unos pocos. Lo sostienen las agencias evaluadoras, que llevan décadas externalizando su criterio a un índice privado, opaco y comercial diseñado en los años sesenta para librarías. Lo sostienen los rectorados, que presumen de rankings construidos sobre las mismas cifras. Lo sostienen los gobiernos, encantados de poder gestionar la ciencia con una hoja de cálculo. Y lo sostiene también una parte del profesorado, que en su día tragó con las reglas para sobrevivir y ahora las exige a la generación siguiente con el rencor del converso.

Resulta sintomático que España, país que tantas veces se queja de su atraso científico, haya construido un sistema de promoción académica donde es perfectamente posible llegar a catedrático sin haber tenido jamás una idea original, simplemente acumulando JCRs como quien acumula sellos.

Abolir el JCR no es suficiente, pero es por donde empezar

No se trata de renunciar a evaluar. Se trata de evaluar lo que importa. Evaluar la calidad antes que la cantidad. Evaluar el contenido antes que el continente. Evaluar la honestidad, la replicabilidad, la utilidad social, la formación de discípulos, la divulgación, la integridad. Hay alternativas, y existen desde hace años: la Declaración DORA, el Manifiesto de Leiden, la ciencia abierta, la revisión por pares transparente, los repositorios públicos, las métricas responsables. Lo que falta no es técnica. Falta voluntad. Y falta vergüenza.

Mientras tanto, conviene nombrar las cosas por su nombre. Quien firma lo que no ha escrito, miente. Quien intercambia autorías, defrauda. Quien fabrica datos, prevarica con dinero público. Quien preside tribunales sabiendo que el sistema premia a los tramposos, es cómplice. Y quien defiende este sistema porque le ha ido bien dentro de él, no defiende la ciencia: defiende su currículo.

La universidad puede ser muchas cosas. Pero si renuncia a la verdad —si la convierte en un trámite, en una métrica, en un negocio— deja de ser universidad y se convierte en una agencia de colocación con biblioteca. A estas alturas, ya no estamos seguros de cuál es cuál.

El día que un comité de evaluación pregunte «¿qué ha descubierto usted?» en lugar de «¿cuántos Q1 tiene?», empezaremos a tener algo parecido a una comunidad científica. Hasta entonces, seguiremos teniendo lo que tenemos: una burocracia con bata blanca.