El Quijote Digital

Hace apenas unas semanas desarrollé aquí, en mi blog, las consecuencias de considerar la defensa como servicio: capacidades militares críticas convertidas en suscripciones, comunicaciones tácticas que pueden degradarse o apagarse: ¿qué ocurre cuando el botón de apagado lo tiene otro? En aquel post, la lección era clara: una fuerza armada puede comprar capacidad, pero no debería ceder jamás el control de aquello que compromete su soberanía operativa. (El Quijote Digital)

Antes, al mirar el humilde datáfono de un bar, aparecía el mismo fantasma. Europa cobra en euros, paga impuestos en euros, legisla en Bruselas y presume de mercado único. Pero una parte decisiva del pago cotidiano circula por raíles que no son europeos. Allí formulé otra versión de la misma tesis: Europa no carece de moneda; carece de raíles. Y cuando no se controlan los raíles, tampoco se controla del todo el viaje. (El Quijote Digital)

Pues bien, hoy he leído el artículo de Mari Sako en Communications of the ACM, “The Importance of Geopolitics in AI Development”, y considero que me permite añadir una tercera pieza al tablero: la inteligencia artificial. Y lo inquietante es que, en este caso, el interruptor no está solo en una red de satélites ni en una red de pagos. Está repartido entre chips, centros de datos, energía, talento, capital riesgo, modelos fundacionales, jurisdicciones, controles de exportación y empresas privadas que ya no son simples proveedoras tecnológicas, sino actores geopolíticos de primer orden.

La inteligencia artificial parece intangible. Se presenta como software, como nube, como modelo, como conversación. Pero esa apariencia engaña. La IA tiene cuerpo. Tiene una anatomía material: semiconductores, tierras raras, litografía avanzada, electricidad, refrigeración, fibra óptica, centros de datos, APIs, permisos de uso y cadenas de suministro. Puede que el modelo responda en lenguaje natural, pero antes alguien tuvo que fabricar el chip, alimentar el centro de datos, alojar el modelo, entrenarlo, servirlo y decidir bajo qué condiciones puede utilizarse.

Durante años pensamos la geopolítica como una cuestión de mapas: mares, fronteras, estrechos, gasoductos, puertos, bases militares. La novedad es que el mapa ya no termina en el territorio. La geografía se ha desplazado hacia la infraestructura. La frontera ya no es solo el río, el puerto o la montaña. También es el nodo de cómputo, el firmware del acelerador, el contrato de nube, el régimen de exportación, la cláusula de uso aceptable y la jurisdicción que decide si una empresa puede seguir prestando servicio.

La IA, por tanto, no elimina la geopolítica. La actualiza.Y quizá la hace más incómoda. Porque a diferencia de la carrera nuclear, que fue esencialmente estatal, discreta y militar, la carrera de la IA está impulsada por empresas privadas, capital financiero y adopción social masiva. No hablamos únicamente de laboratorios nacionales ni de arsenales bajo mando gubernamental. Hablamos de compañías que entrenan modelos, plataformas que intermedian capacidades cognitivas, proveedores que empaquetan inteligencia como servicio y ciudadanos, empresas y administraciones que incorporan esos sistemas a sus procesos cotidianos.

Aquí aparece el verdadero cambio de época: los Estados ya no gobiernan solos la infraestructura estratégica. La co-gobiernan, la negocian o la padecen junto a empresas privadas cuyo tamaño, velocidad y capacidad de inversión superan con frecuencia a los aparatos públicos.

Y eso nos devuelve al mismo punto de los dos posts anteriores.

En la defensa como servicio, el riesgo consistía en convertir una capacidad militar crítica en una relación contractual vulnerable. En el datáfono, el riesgo era descubrir que el gesto más cotidiano de la economía —pagar— depende de redes ajenas. En la inteligencia artificial, el riesgo es más profundo: que la capacidad de calcular, automatizar, decidir, clasificar, traducir, detectar, vigilar, defender o innovar quede condicionada por infraestructuras que no controlamos.

No es solo que otro pueda apagarnos un servicio.Es que otro puede decidir qué tipo de inteligencia podemos desplegar.Nos ha pasado ya con FABLE5.

Puede limitar el modelo. Puede modificar sus condiciones. Puede prohibir usos. Puede degradar el acceso. Puede subir precios. Puede retirar una API. Puede cambiar unilateralmente el comportamiento del sistema. Puede cumplir órdenes de otra jurisdicción. Puede condicionar actualizaciones. Puede dejar obsoleta una arquitectura entera mediante una decisión comercial que, desde fuera, parecerá simplemente “producto”.

Y, por supuesto, puede observar.

A estas alturas, conviene evitar la caricatura. No se trata de defender una autarquía tecnológica imposible. Europa, y España en particular, no van a fabricar mañana todos los chips, todos los modelos, todos los centros de datos, todos los sistemas operativos, todas las herramientas de desarrollo y todas las capas de nube que necesita una economía avanzada. Esa fantasía sería tan estéril como peligrosa.

La pregunta madura no es si ¿dependemos o no dependemos?. Todas las sociedades complejas dependen. La pregunta correcta es otra: ¿De qué dependemos, de quién dependemos, bajo qué jurisdicción dependemos y qué ocurre si esa dependencia se convierte en presión?

Ahí empieza la política tecnológica seria.

Lo que el artículo de Sako ayuda a ver es que la rivalidad entre Estados Unidos y China en IA no es solo una competición por tener el modelo con mejor benchmark. Es una competición por controlar los recursos que hacen posible la IA: hardware, energía, datos, talento, capital, ecosistemas empresariales y capacidad de adopción. Estados Unidos juega con una industria privada extraordinariamente fuerte, con capital abundante, con liderazgo en hardware avanzado y con empresas que marcan la frontera de los modelos fundacionales. China juega otra partida: despliegue rápido, eficiencia de costes, adaptación industrial, integración en sectores productivos y una relación mucho más directa entre empresa, Estado y estrategia nacional.

Decir que uno “va por delante” y otro “va por detrás” puede ser tranquilizador, pero quizá no sea del todo correcto. Puede que no estén jugando exactamente al mismo juego. Silicon Valley corre hacia la frontera. China corre hacia la absorción industrial masiva. Uno intenta construir el modelo más avanzado; el otro quiere que la IA se derrame de forma rápida por logística, manufactura, puertos, comercio electrónico, finanzas, vehículo eléctrico, sanidad y administración.

Y Europa, demasiadas veces, observa, regula y compra.

Este es el punto en el que el debate europeo se vuelve incómodo. Europa tiene talento, universidades, industria, mercado, regulación, dinero público y una larga tradición de ingeniería. Pero sigue reaccionando tarde ante las capas críticas. Nos ocurrió con la nube. Nos ocurre con los pagos. Nos ocurre con los semiconductores. Nos ocurre con la defensa. Y corremos el riesgo de que vuelva a ocurrir con la inteligencia artificial.

La respuesta europea instintiva suele ser normativa. Regular el mercado, definir obligaciones, clasificar riesgos, proteger derechos, sancionar abusos. Todo eso es necesario. Pero no basta.

La lección del datáfono sirve aquí perfectamente: Europa no carece de normas; carece de cimientos. Y en inteligencia artificial los cimientos son computación, datos, energía, talento, modelos, seguridad, interoperabilidad, capacidad industrial y control operativo.

La geoeconomía ha convertido la interdependencia en un arma. Durante años, la globalización nos prometió eficiencia: producir donde fuera más barato, computar donde fuera más escalable, pagar donde fuera más cómodo, defendernos con quien innovara más rápido. Pero la eficiencia sin control crea vulnerabilidades. Y las vulnerabilidades estratégicas tienen una propiedad desagradable: casi siempre se descubren tarde, cuando ya no son dependencias, sino palancas de presión.

En ese sentido, los controles de exportación de chips, las restricciones a inversiones, las sanciones tecnológicas, las listas de entidades, las cláusulas de uso de modelos, los vetos a adquisiciones y la localización de centros de datos no son asuntos técnicos marginales. Son la nueva gramática del poder.

Por eso las grandes tecnológicas ya no pueden ser leídas solo como empresas. Son actores de diplomacia corporativa. Cuando un directivo de una gran compañía de IA habla de China, de seguridad nacional, de inversión, de código abierto o de regulación, no está simplemente opinando. Está posicionando a su empresa ante gobiernos, mercados, inversores y competidores. Está negociando margen de maniobra. Está enviando señales.

Y los Estados, por su parte, tampoco tratan ya a esas empresas como simples proveedores. Las necesitan para sostener liderazgo tecnológico, capacidad militar, productividad económica y ventaja estratégica. De ahí nace una relación ambigua: el Estado regula a la empresa, pero depende de ella; la empresa se presenta como innovadora privada, pero necesita licencias, contratos públicos, protección diplomática y acceso a infraestructuras críticas.

Para España, la pregunta no debería ser si podemos competir mañana con Estados Unidos o China en modelos fundacionales gigantes. Esa no es la única métrica. La pregunta debería ser más concreta, más estratégica y más útil:

¿Qué capacidades mínimas de IA necesita controlar España para no quedar sometida a decisiones ajenas en defensa, administración pública, sanidad, justicia, educación, infraestructuras críticas, agricultura, industria y ciberseguridad?

No todas las capas son igual de sensibles. No todo requiere soberanía absoluta. Pero algunas cosas no deberían cederse sin más. Los datos críticos, las claves, la infraestructura troncal, los entornos de inferencia en usos sensibles, los modelos aplicados a seguridad nacional, los sistemas de auditoría, los mecanismos de continuidad operativa, los contratos de reversibilidad, la capacidad de migrar, la trazabilidad de actualizaciones y la posibilidad real de operar en modo degradado si el proveedor falla o se retira.

Aplicado a la IA, eso significa que una administración pública no debería introducir modelos externos en procesos sensibles sin preguntarse dónde se procesan los datos, bajo qué jurisdicción, con qué garantías de auditoría, con qué dependencia contractual, con qué posibilidad de desconexión y con qué alternativa si el proveedor cambia las reglas.

En este sentido, vuelvo a traer aquí mi intervención en el Parlamento de Andalucía alertando sobre la necesidad de revisar previamente los modelos: https://www.noticiasdealmeria.com/profesor-de-la-ual-advierte-de-los-riesgos-del-chatgpt

Una empresa estratégica no debería automatizar decisiones críticas sobre una API que mañana puede encarecerse, degradarse o desaparecer. Un sistema de defensa no debería depender de un modelo cuyo comportamiento, pesos, telemetría o filtros de uso no controla. Una universidad no debería formar talento solo para consumir plataformas ajenas, sino también para comprender, auditar, desplegar y gobernar tecnología.

En definitiva: usar IA no es lo mismo que tener capacidad en IA.

Europa confunde a menudo adopción con soberanía. Que una empresa europea use herramientas de IA no significa que Europa tenga una industria de IA. Que una administración contrate una solución en la nube no significa que el Estado haya ganado capacidad digital. Que una pyme automatice tareas con un modelo extranjero no significa que el tejido productivo haya reducido su dependencia. Puede incluso haberla incrementado, solo que de una forma más cómoda y menos visible.

El futuro de la inteligencia artificial no se decidirá solo en los laboratorios. Se decidirá también en los ministerios de industria, en las agencias de ciberseguridad, en los presupuestos de defensa, en los contratos de nube, en las universidades, en los centros de datos, en las redes eléctricas, en las políticas de compra pública, en la formación profesional, en los estándares abiertos y en la valentía de llamar infraestructura crítica a lo que ya funciona como infraestructura crítica.

La IA será una tecnología de propósito general, sí. Pero precisamente por eso no puede tratarse como una aplicación más. Si va a atravesar todos los sectores, todos los sectores quedarán expuestos a su geopolítica. Agricultura, logística, banca, energía, transporte, defensa, salud, educación, justicia y administración pública no dependerán solo de “software inteligente”. Dependerán de quién controle las condiciones materiales de esa inteligencia.

El error sería pensar que hablamos de tres problemas distintos. No lo son. Son tres manifestaciones de la misma renuncia: aceptar que las capas críticas de la vida económica, militar y cognitiva queden gobernadas por infraestructuras que no controlamos, con la esperanza de que nunca se usen contra nosotros.

Europa necesita IA, desde luego. Necesita usarla, regularla, auditarla y desplegarla. Pero, sobre todo, necesita construir las condiciones para que su uso no dependa siempre de un permiso externo. Necesita nube, chips, modelos, datos, energía, talento y empresas capaces de operar bajo jurisdicción europea. Necesita cooperación público-privada, sí, pero con una línea roja clara: se puede externalizar capacidad auxiliar; no se puede externalizar el control de las funciones que sostienen la autonomía política, económica y estratégica.

Y quizá esa sea la gran lección de esta nueva geopolítica de la inteligencia artificial: el poder ya no consiste solo en conquistar territorio, ni siquiera en controlar rutas comerciales. Consiste en decidir quién puede computar, con qué medios, bajo qué reglas y durante cuánto tiempo.

De poco sirve tener excelentes científicos, magníficas empresas y una administración deseosa de modernizarse si, llegado el momento decisivo, la pregunta fundamental no la respondemos nosotros.

¿Puede Europa pensar con sus propias máquinas?

¿Puede España defenderse, producir, investigar, pagar y decidir sin pedir permiso tecnológico a terceros?

¿O hemos confundido acceso con soberanía?

La respuesta, como tantas veces en esta historia, no estará en los discursos. Estará en los raíles, en los satélites, en los chips, en los centros de datos, en las claves, en los contratos y en las manos que sujetan el interruptor.

Externalizar capacidad, sí.

Externalizar el control, jamás.