En octubre de 2022, en plena contraofensiva ucraniana, varios drones submarinos cargados de explosivos se aproximaban a la flota rusa fondeada en Sebastopol. A unos setenta kilómetros del objetivo perdieron el enlace: la red de satélites Starlink que debía guiarlos no estaba activa sobre Crimea, y su propietario se negó a activarla. La decisión no la tomó un gobierno ni un mando militar. La tomó Elon Musk¹. Tomad buena nota, la decisión operativa cayó en manos de una empresa.
La cuestión de fondo es cuando se define la «defensa como servicio» (Defense-as-a-Service).² Del mismo modo que las empresas dejaron de comprar servidores para alquilar software en la nube, los ejércitos empiezan a dejar de adquirir capacidades para alquilarlas. La Royal Navy británica externaliza ya tareas de vigilancia antisubmarina, y Estados Unidos diseña sus sistemas de gestión del campo de batalla como suscripciones; los drones, el reconocimiento y, sobre todo, las comunicaciones, se ofrecen empaquetados, actualizables y facturables por uso.
La disuasión ya no reside en el armamento, sino en la capacidad de innovar más rápido que el adversario. Ucrania lo ha demostrado: gana terreno quien itera su tecnología en semanas, no quien tarda décadas en homologar una plataforma. Los Estados son lentos; el mercado, veloz. Y ningún ministerio de Defensa puede replicar por sí solo el ritmo de innovación de la industria civil.
Pero hay una pregunta que la lógica del «como servicio» tiende a esconder, y que conviene formular sin rodeos: ¿qué ocurre cuando lo que has alquilado deja de funcionar en el peor momento posible?
El caso de Sebastopol no es una anécdota de Silicon Valley. Es la radiografía de un riesgo estructural. Cuando una capacidad militar crítica se externaliza, no se externaliza solo el equipo: se externaliza la decisión sobre su uso. Quien controla la infraestructura controla el interruptor. Y ese interruptor (el kill switch, os recomiendo la lectura sobre la pérdida de soberanía que publiqué el 20 de mayo) puede accionarse por motivos comerciales, por presión política de un tercer país o, sencillamente, porque los intereses del proveedor dejan de coincidir con los nuestros. El riesgo de este modelo es que se depende de tecnología que puede retirarse. Lo que se contrata, se puede descontratar.
En ningún dominio es esto más peligroso que en el de las comunicaciones tácticas. Una fuerza armada sin comunicaciones no es una fuerza degradada: es una fuerza ciega, muda y descoordinada. Las comunicaciones son el sistema nervioso de cualquier operación; por ellas circulan las órdenes, la posición de las unidades, la imagen del campo de batalla y, no lo olvidemos, datos extraordinariamente sensibles sobre nuestras propias vulnerabilidades. Ceder esa capa a un proveedor extranjero equivale a entregarle, simultáneamente, tres llaves: la de cortar el servicio, la de degradarlo selectivamente y la de observar cuanto por él transita. Desde la ciberseguridad, esto tiene un nombre técnico preciso: hemos convertido nuestra cadena de mando en un único punto de fallo bajo gobierno ajeno, y hemos ampliado nuestra superficie de ataque hasta los servidores, las actualizaciones y la voluntad de una empresa sobre la que no tenemos jurisdicción.
Conviene aquí evitar el error contrario, igual de costoso: el autarquismo. No se trata de fabricar cada componente en territorio nacional ni de renunciar a la innovación que ofrece la industria. El planteamiento maduro no es externalizar o no externalizar, sino dónde se traza la línea de lo que jamás se cede.
Estados Unidos lleva esa línea escrita desde 1998 en su Federal Activities Inventory Reform Act, que distingue las funciones inherentemente gubernamentales (las que comprometen el ejercicio del poder soberano) de aquellas que pueden contratarse.² Es exactamente la doctrina que España y Europa necesitan trasladar a su política de defensa con criterio técnico, no solo presupuestario. Aplicada a las comunicaciones tácticas, esa frontera es nítida: se puede comprar capacidad, pero no se cede el control. Las claves criptográficas, el código fuente, la infraestructura troncal, la gestión del espectro y el botón de encendido son soberanía, y la soberanía no se subcontrata.
La buena noticia es que España y la Unión Europea no parten de cero. Disponemos de los mimbres para hacerlo bien: la constelación europea IRIS³ y el programa GovSatCom (concebidos de forma explícita para garantizar la autonomía estratégica y la soberanía digital de la UE) como alternativa a una conectividad por satélite hoy dominada por actores estadounidenses;⁴ una industria nacional capaz (de Indra a GMV, de Hispasat al INTA) de desarrollar radio definida por software (SDR), redes resilientes y criptografía propia; y un nuevo ciclo de inversión en defensa que, bien orientado, puede financiar autonomía en lugar de comprar dependencia. La pregunta no es si tenemos los recursos, sino si tendremos el criterio para gastarlos en capacidad bajo control y no en comodidad bajo riesgo.
Porque la lección de Sebastopol es, en el fondo, muy española y muy quijotesca: de poco sirve la mejor armadura si la decisión de bajar la visera la toma otro. La defensa como servicio puede ser una herramienta magnífica para innovar al ritmo del adversario. Pero el día que de verdad importe, querremos que el interruptor de nuestras comunicaciones esté en una mano que responda ante los ciudadanos españoles, y no en la de un consejero delegado que decide, desde su despacho, qué guerras se libran y cuáles no.
Este, tecnología-defensa-soberanía es el motivo por el que este año he llevados a mis estudiantes de Periféricos e Interfaces (Universidad de Almería) a Tecnobit.
Externalizar capacidad, sí. Externalizar el control, jamás.
¿Por qué digo esto? Pues porque llevo más de veinte años (veinticinco) de servicio en la Universidad Pública española, y frusta ver cómo se opina sobre la educación sin «haber chutado un penalty» nunca. Pero, en este caso (me refiero al leviatán de la nota de corte), hay dos cuestiones a señalar:
Promoción de la Formación Profesional (por parte del Estado) con fondos Next Generation.
Conservadurismo en la potenciación de las Universidades Públicas. Es cierto que la financiación está en manos de las Comunidades Autónomas (como bien apunta Diana Morant) pero por encima está la Conferencia General de Política Universitaria (Organismo Consultivo, BOE), cuya última reunión data del 18 de septiembre de 2024. Que tambíen hay que tenerlo en cuenta (sobre todo cuando hablemos de Universidades Privadas).
El texto de Delia me ha hecho reflexionar sobre la paradoja educativa española que merece desmontarse pieza a pieza, porque lo que parece un sinsentido (jóvenes con notas brillantes que no caben en la universidad pública mientras el Estado celebra récords de matrícula en FP) responde en realidad a una arquitectura competencial y presupuestaria muy concreta.
Por qué no se incrementa la oferta pública de plazas
¿Quien decide? Las universidades públicas dependen de la financiación de las comunidades autónomas, y son los parlamentos autonómicos quienes autorizan (o no) la creación de plazas y de nuevas universidades. Morant lo formula sin rodeos en la entrevista de elDiario.es (ver video al final): las notas de corte suben porque las autonomías han decidido no crear plazas en la universidad pública. Los datos que aporta son demoledores: cuando ella nació, en 1980, había 800.000 estudiantes universitarios y ahora hay 1.800.000; hace 25 años que no se aprueba ninguna universidad pública nueva, mientras se han autorizado más de 30 privadas en la última década; la matrícula pública ha crecido solo un 2% frente al 100% de la privada.
La consecuencia aritmética es inevitable: si la demanda se duplica y la oferta pública se congela, el mecanismo de racionamiento es la nota de corte. La ministra va más allá y le pone nombre político: es una decisión de privatización, no son ofertas complementarias. Es decir, la escasez de plaza pública no sería un accidente presupuestario sino el motor de negocio de la universidad privada: cada estudiante con un 12 sobre 14 que no entra en Medicina pública es un cliente potencial de un campus privado a 15.000 euros el curso.
Síntoma cultural
En su columna, la periodista Delia Rodríguez, cuenta lo mismo desde abajo, desde TikTok. Y se refiere al meme de «FP Jardinería».
más de 15.000 vídeos con el efe pe, efe pe jardinería tarareado sobre el concierto para trompeta de Haydn funciona como válvula de escape ante la PAU
Rodríguez señala el dato duro que hay detrás de la broma: las notas de admisión han subido casi un punto y medio en una década (de 8,67 a 10,14 sobre 14) por el exceso de sobresalientes inflados en Bachillerato (sobre esto cabe otro análisis y detectar qué centros inflan las calificaciones, apunta más a los centros públicos) y, sobre todo, por la falta de plazas en las universidades. Quienes se quedan fuera deberán repetir la prueba, pagar una privada «si es que quieren y pueden» o elegir estudios que no son los soñados.
Lo interesante es que el chiste juvenil ya ha interiorizado la jerarquía y su inversión: la FP aparece como destino-castigo («suspendes todo y ves cómo la FP de Jardinería se acerca»), pero la propia periodista recuerda que la FP de Jardinería y Floristería tiene una inserción laboral del 58,5% al tercer año, y cierra con el vídeo del chico que sonríe: «el pavo del que se rieron por estudiar una FP de Fontanería, viendo cómo la IA está reemplazando a todos los universitarios». He de decir que su reflexión es del todo desacertada. Pero como dije antes, si no has jugado al futbol, deberías opinar con cautela sobre el futbol.
El meme contiene, en germen, toda la tesis económica del asunto. Y la presión es real y creciente: en Andalucía, sin ir más lejos, la PAU de 2026 ha sido la más concurrida de la historia, con 53.495 matriculados, un 5,1% más que el año anterior. Más aspirantes, mismas plazas: la tenaza se cierra.
Sumese a la ecuación que la titulación universitaria en Andalucía está subvencionada y que los estudiantes pagan. Menos que en la privada, pero pagan. Quería dejar caer esta reflexión. Que la Universidad Pública necesita, también, financiarse. Y que es adalid de calidad pues está sometida a infitas evaluaciones. Y que el profesorado se somete a oposiciones tras haber sido autorizados en una Agencia Nacional (ANECA). Se nos exige mucho pero se nos financia poco.
El impulso paralelo a la FP
Mientras la universidad pública se congela, el Gobierno central ha hecho de la FP su gran apuesta educativa de la década. El Componente 20 del Plan de Recuperación contempla un redimensionamiento de la oferta de FP con 200.000 nuevas plazas y la reforma hacia un sistema único que integre la FP educativa y la FP para el empleo, financiado con fondos europeos Next Generation. Los resultados son visibles: el curso 2024-2025 marcó récord con 1.193.260 estudiantes de FP, un 4,2% más que el año anterior, y las propias comunidades (las mismas que congelan la universidad) amplían su oferta de ciclos: Euskadi oferta 74.963 plazas de FP para 2026-2027, récord histórico con casi 8.000 plazas más, presentándola como pilar estratégico de su transformación económica. Y si, también se crean centros de FP privados. Que de eso no se habla. Y si, también se quedan muchos estudiantes fuera de la FP pública. Y han de recurrir a la privada. Parece mentira que haya gente que quiera estudiar y se pongan estas trabas.
Por qué esta situación tan contrariada
La aparente contradicción se explica por la confluencia de varios factores que, vistos juntos, dibujan algo bastante coherente (aunque no necesariamente confesable):
Primer factor:La FP se ha expandido con fondos europeos finalistas y con titularidad estatal del impulso normativo (Ley Orgánica 3/2022). A Rodríguez se le ha pasado citar que crear una plaza de FP es además mucho más barato y rápido que crear una de Medicina: no exige hospitales universitarios, ni acreditaciones ANECA de profesorado, ni la inercia de décadas que arrastra una facultad. Las plazas universitarias, en cambio, salen del presupuesto ordinario autonómico, que compite con sanidad y dependencia. Es injusto pero razonable pensar que para una consejería de Hacienda, congelar la universidad es la línea de menor resistencia.
Segundofactor: España tiene un problema estructural de sobrecualificación: décadas de titulados universitarios ocupando empleos por debajo de su formación, mientras faltan técnicos intermedios (el famoso déficit de perfiles de grado medio respecto a la media de la OCDE). Desde la óptica de la planificación económica (y, si, de Bruselas que condiciona los fondos) reequilibrar hacia la FP es racional.
Tercer factor: La privaticación. Aquí está el nudo político. El mismo Gobierno central que presume de impulsar la FP pública no tiene competencia directa para crear plazas universitarias, y las comunidades (mayoritariamente del PP en esta década) han encontrado en la escasez pública un ecosistema favorable a la universidad privada. La ministra señala que hay 13 universidades con informe desfavorable del Ministerio y seis ya se han creado antes del endurecimiento normativo contra las «universidades-chiringuito». El resultado es que España tendrá pronto más universidades privadas que públicas: una transferencia silenciosa de la educación superior hacia el mercado.
Y cuarto factor: El Gobierno central puede exhibir la FP como éxito propio y atribuir las notas de corte a las autonomías; las autonomías pueden culpar a la infrafinanciación autonómica y al Estado. Mientras tanto, el coste lo paga una generación. La síntesis amarga es que el sistema está racionando por nota lo que no quiere financiar con plazas, y vistiendo de «prestigio de la FP» lo que en parte es simplemente la redirección del excedente de demanda hacia la vía más barata (FP pública, dejo para otro momento el negocio de la FP Privada) o hacia la más rentable (universidad privada). Que la FP merezca dignificación es cierto; que se esté dignificando en lugar de ampliar la universidad pública, y no además de, es la trampa.
Disclaimer:
Si lees esto, tómalo con distancia. Ha sido una reflexión, a la que creo que tengo derecho como profesor, a cómo tratan a un pilar (básico) de nuestro Estado de Derecho.
Workstation Intel reciente con SGX habilitado, Windows 11, perfil de uso mixto: durante la jornada cargan enclaves para servicios de atestación remota, un runtime confidencial basado en el Intel SGX SDK, y un cliente de juegos que en sus ratos libres invoca un anticheat también basado en enclaves. Por encima de todo eso, la imagen corporativa ha instalado un agente de seguridad EDR con un módulo comercial. El usuario reporta:
BSOD intermitentes, dos o tres por semana, sin coincidir nunca con la misma aplicación en foco.
Bug check siempre el mismo: 0x133 (DPC_WATCHDOG_VIOLATION).
Una correlación que sólo aparece después de mirar mucho: los crashes son más probables durante sesiones largas con enclaves activos. No es determinista; es una distribución sesgada.
El primer reflejo es revisar drivers gráficos (y en mi experiencia cabe destacar un crash importante en un servidor de BB.DD. al actualizar los drivers gráficos, allá por el año 2000, asi que no es extraño sospechar), de red y de almacenamiento. El segundo (también malo) es pasar el verifier.exe en modo paranoico, lo que dispara más BSODs sin acercar la respuesta. El tercero (el útil) es preguntarse qué dice exactamente WER.
Abrimos CrashDetectorwithAI tras el siguiente crash. La aplicación presenta de forma estructurada algo equivalente a esto:
Y, debajo, la respuesta del modelo local (Phi-4 vía ONNX) en streaming, que viene a decir, con palabras propias y prudentes, algo como:
Se trata de un DPC_WATCHDOG_VIOLATION. El parámetro 1 con valor 0 indica que se ha superado el umbral acumulado de DPC en un solo procesador. Los valores 0x501 y 0x500 son los ticks observado y permitido, expresados en unidades del kernel. La dirección final apunta a nt!KeAccumulateTicks, lo cual es habitual: el watchdog se dispara desde la contabilidad de tiempo del kernel, no desde la DPC culpable. Causas frecuentes: driver con DPC excesivamente larga, problema de firmware/BIOS que bloquea la CPU, o controlador de almacenamiento (storport/NVMe) bajo presión. Recomendaciones iniciales: actualizar BIOS, drivers de chipset y de almacenamiento; revisar utilidades de fabricante que interactúen con el firmware; ejecutar LatencyMon en estado normal de uso.
El culpable: una suite de seguridad SGX-aware que abusa de SMM
En el caso real que motiva este artículo, el responsable resultó ser un patrón más sutil que el clásico abuso de SMI por una utilidad de fabricante. La cadena fue ésta:
El driver kernel-mode del agente EDR ejecuta cada 5–8 segundos una secuencia que termina escribiendo en una MSR registrada por el firmware como gatillo de software SMI. La razón nominal es muestrear el estado de los enclaves cargados: número, identidad, signature hash, y la última información de la atestación.
El handler SMI correspondiente, alojado en SMRAM, hace dos cosas distintas. Primero, lee un puñado de MSRs relacionados con SGX (IA32_SGXLEPUBKEYHASH0..3, IA32_FEATURE_CONTROL, revisión de microcódigo, indicadores de SGX2). Esa parte es barata: decenas de microsegundos. Segundo, y aquí es donde el handler pierde la inocencia, consulta a Intel Management Engine vía la interfaz HECI/MEI para validar el estado de las claves de atestación. Esa consulta puede gastar entre 5 y 15 ms según lo que ME esté haciendo en su propio dominio, que el SO ni ve ni controla.
A la vez, cada SMI invocado mientras hay enclaves activos provoca un Asynchronous Enclave Exit en cada núcleo donde un enclave estuviera en ejecución. Recordemos lo establecido en la entrada del 15 de mayo: SMM no puede leer el EPC, pero la transición no es gratuita. Cada AEX implica salvar el estado del enclave en la SSA, sustituir los registros visibles por valores sintéticos, y, al volver, un ERESUME que cuesta del orden de 50–200 µs por núcleo afectado.
Multiplicado por la cadencia observada de 8–15 SMIs por segundo (los 116 / 10s que vimos en MSR 0x34), y por dos o tres enclaves activos durante la jornada, el sistema acumula ventanas SMM que en el peor caso, cuando ME está contendido por sus propias tareas de fondo, superan el umbral del DPC watchdog y disparan el 0x133.
Lo elegante de este patrón es doble. Por un lado, WER no puede ver nada de lo anterior: el handler vive en firmware, la consulta a ME ocurre fuera del espacio observable por el kernel, y el AEX se resuelve antes de que el SO siquiera registre que la SMI ha existido. El bucket dice nt!KeAccumulateTicks y se queda tan tranquilo. Por otro lado, el coste indirecto sobre el rendimiento de los enclaves SGX (la degradación silenciosa que no llega a BSOD pero ralentiza cualquier carga confidencial seria) es invisible para el equipo de seguridad que opera la suite: ellos miden el coste de su agente en espacio de usuario, donde la huella es un servicio que consume 20 MB de RAM y 0,3% de CPU. La factura real, pagada en latencia SMM y en throughput de enclave, queda fuera de su panel.
La resolución, una vez identificado el patrón, es proporcional:
Desactivar el módulo SGX Visibility del EDR en la consola del agente. El resto del EDR (detección de comportamiento, prevención de ejecución, telemetría kernel-mode) puede mantenerse intacto. La «visibilidad sobre enclaves» que se pierde con esto es, en la práctica, decorativa: el agente no podría inspeccionar el EPC ni aunque tuviese privilegio para hacerlo.
Si el equipo de seguridad necesita esa visibilidad por requisitos de compliance, migrar a herramientas basadas en DCAP (Data Center Attestation Primitives, parte del SGX SDK de Intel). DCAP expone el estado de los enclaves desde kernel-mode sin atravesar firmware: el coste, para el plano de la plataforma, es despreciable.
Para casos OEM con handlers HECI generosos, actualización de firmware a una versión donde la consulta a ME se difiera, se cachee o se agrupe.
Verificación posterior: el MSR 0x34 cae por debajo de 1 SMI/s en idle, LatencyMon vuelve a verde, el contador de AEX expuesto por el SGX SDK deja de mostrar correlación con la actividad del agente, y los 0x133 desaparecen del Visor de Eventos.
Referencias
Entrada relacionada en este blog: Forense de memoria en SGX ante sospecha de intromisión vía SMI (15 mayo 2026).
Entrada relacionada en este blog: Un molino llamado SMI: leer un BSOD con una IA local cuando el culpable no está donde Windows dice (CASO I) (18 mayo 2026).
A propósito de por qué el café del hotel pesa tanto como la nube de Washington
Hace unos días escribí en este mismo blog sobre Mythos, el modelo de Anthropic que volvía a desnudar la fragilidad estratégica europea: dependencia de la nube estadounidense, un interruptor de emergencia en manos ajenas y una Comisión que prefiere aplazar su propia regulación antes que arremeter contra los gigantes. Aquel post terminaba con una idea incómoda: la soberanía digital europea es, hoy por hoy, una ficción operativa.
Pues bien, lo de la nube y los modelos era sólo la mitad del problema. La otra mitad se esconde tras un gesto tan banal que precisamente por eso resulta demoledor: pagar un café.
El datáfono como infraestructura geopolítica
Acercas el móvil, suena el datáfono, sigues andando. El comercio cobra en euros, el impuesto se liquida en euros. Y, sin embargo, aquí está la trampa, una parte decisiva del trayecto no es europea.
Cerca de dos tercios de los pagos con tarjeta de la zona euro se procesan por esquemas no europeos. Trece países dependen por completo de ellos. La cifra, advierte el autor, no es técnica; es geopolítica.
Y entonces aparece, otra vez, la palabra. El sustantivo que El Quijote Digital lleva semanas persiguiendo: interruptor. Una infraestructura de pagos no es sólo una tubería; también es un interruptor que alguien puede condicionar, encarecer, retrasar o apagar. ¿Qué pasaría si nos sacan de VISA?
¿Os suena? Es exactamente la misma figura que el Future of Technology Institute utilizó hace unos meses para describir la dependencia europea de la nube estadounidense en defensa. Mismo verbo, mismo dueño, mismo continente atrapado.
Dos interruptores, un mismo problema
Conviene poner los dos casos uno al lado del otro, porque revelan un patrón que ya no admite la coartada del azar:
Caso Mythos / nube
Caso datáfono / pagos
Quién controla
Hiperescalares de EE.UU.
Visa y Mastercard
Qué controla
IA, defensa, infraestructura crítica
Pago cotidiano, comercios, liquidación
Punto de presión
Acceso al modelo, condiciones de uso
Acceso al esquema, tarifas, reglas
Reflejo europeo
«Hay que regularlo»
«Construyamos un euro digital»
Diagnóstico correcto
Construir capacidad europea
Construir red privada europea
Plazo realista
Sin fecha
2026–2027 (EPI / Wero)
Lo que aparece, leído así, no son dos crisis distintas: es la misma renuncia industrial repetida en dos capas tecnológicas distintas. Y en ambas la respuesta política instintiva ha sido idéntica: legislar lo que otros producen antes que producir algo propio.
Por qué el euro digital no es la respuesta
Frente a la dependencia de Visa y Mastercard, el reflejo de Bruselas ha sido apostar por el euro digital: una moneda pública, programable, emitida por el BCE. Suena bien, suena soberano, suena tecnológico. Pero cuando se diagnostica mal el problema, se receta mal la medicina.
El problema no es que falte una moneda. Es que falta una red privada de aceptación comercial capaz de competir con las americanas en lo que de verdad importa al comerciante y al usuario: aceptación, escala, experiencia de uso, antifraude, liquidación, marca.
«Europa no carece de moneda. Carece de raíles.»
El euro digital, además, llegaría tarde, el BCE habla de una posible emisión en 2029— y mal calibrado: con límites bajos servirá poco, con límites altos tensionará los depósitos bancarios, sin privacidad creíble nadie lo usará. En el mejor escenario es una herramienta complementaria. En el peor, una excusa elegante para no construir lo que sí hace falta.
Lo que sí podría funcionar: un Bizum europeo, sin metáforas
La alternativa real, tal como se explica en el artículo publicado con notable claridad por Omar Rachedi en «La soberanía pasa por el datáfono» (El País, 20 de mayo de 2026), es menos solemne, menos vistosa y, por eso mismo, mucho más prometedora. Existe ya un memorando entre Bizum, Wero, Bancomat, MB Way y Vipps MobilePay para crear una red interoperable capaz de funcionar de Lisboa a Helsinki sin que el usuario tenga que aprender nada nuevo. Pagos transfronterizos entre particulares en 2026, entre comercios en 2027.
¿Por qué esto sí puede salir adelante mientras otras ambiciones europeas se atascan? Porque, como bien apunta Rachedi, tiene una ventaja que Bruselas rara vez compra: el hábito. No exige convertir al ciudadano a una nueva fe monetaria ni convencerlo de un experimento institucional. Se apoya en bancos, aplicaciones y comportamientos que ya existen. El ciudadano español ya usa Bizum. El portugués ya usa MB Way. El alemán ya usa Wero. Sólo falta («sólo») que hablen entre sí.
Y aquí está el verdadero diagnóstico: Europa no fracasa por falta de ideas. Fracasa cuando veintisiete buenas ideas nacionales no se hablan entre sí. Lo cual es, dicho sea de paso, exactamente lo que le ocurre también en computación en la nube, en inteligencia artificial, en defensa, en semiconductores y en cualquier otro rincón del expediente tecnológico continental.
Euro digital como capa pública
Europa depende estructuralmente de redes de pago ajenas.
El dato del BCE (los esquemas internacionales de tarjetas representaban el 61% de los pagos con tarjeta en la zona euro en 2022), la inviabilidad de actuar país por país, y la oportunidad que abre el memorando firmado en febrero de 2026 entre Bizum, Wero, Bancomat, MB Way y Vipps MobilePay para acelerar pagos paneuropeos interoperables.
Cuestión a considerar: el papel del euro digital. ¿Es un placebo institucional que distrae del verdadero problema (faltan raíles, no moneda)?. O, el euro digital no es ni sustituto de Bizum ni solución milagrosa: es respaldo público en una economía donde el efectivo pierde peso. El argumento es sencillo y elegante: si el dinero público ha existido durante siglos en forma de billetes y monedas, ahora tiene que existir también digitalmente. No para desplazar lo privado, sino para impedir que el futuro de los pagos europeos dependa exclusivamente de redes privadas y externas.
Europa ya ha aprendido con la energía, los semiconductores o la defensa que las dependencias estratégicas:
«…suelen descubrirse tarde, cuando ya se han convertido en vulnerabilidades.»
A esa lista, hoy, hay que añadir la inteligencia artificial: véase Mythos. Y los pagos: véase el datáfono. Es exactamente el mismo patrón, repetido en distinto sector. Y siempre con el mismo retraso diagnóstico.
Entonces, ¿placebo o respaldo? Probablemente, los dos.
Por un lado no se pueden confundir prioridades: si el problema diario es que Visa y Mastercard procesan dos tercios de las transacciones europeas, lo urgente es construir red privada de aceptación, no acuñar moneda digital. Quien crea que el euro digital es la respuesta al problema de los pagos cotidianos en 2026, ha leído mal el problema. El euro digital, planificado para 2029 con un calibrado todavía incierto, no va a defendernos en el datáfono de mañana.
Por otro lado, se debe recordar que una vez resuelto el plano privado, el plano público sigue ahí. Si toda la infraestructura de pagos europea quedara únicamente en manos de un consorcio bancario privado, por muy europeo que sea, seguiríamos sin esa capa pública de seguridad que históricamente ha dado a los Estados el control último sobre su sistema monetario. Una capa, conviene recordar, que en formato físico llamamos billete del BCE y que nadie discute.
Dicho de otro modo, y a riesgo de simplificar: los raíles los pone el Bizum europeo; el aval último lo pone el euro digital. Lo urgente es lo primero. Lo estructural es lo segundo. Confundir el orden (que es lo que hoy hace Bruselas) equivale a fabricar una bóveda blindada para un edificio que aún no se ha levantado.
No olvidemos que…
«Pagar siempre ha sido una cuestión de poder.»
Lo fue cuando los Estados acuñaban moneda. Lo fue cuando se construyeron los grandes sistemas bancarios. Y lo es ahora, cuando los pagos se procesan mediante redes digitales globales. Europa, en su tránsito al euro, pareció olvidarlo. Ahora le toca recordarlo a base de sustos.
El interruptor también es ético
Permitidme cerrar atando el cabo con el post anterior. Cuando hablábamos de Mythos, señalábamos lo más alarmante: que Anthropic había declarado, con notable franqueza, que su ética se aplica únicamente a Estados Unidos. Pues bien, la lógica del datáfono es la misma, sólo que más discreta. Las reglas, las comisiones, los criterios de exclusión, las políticas antifraude, los términos y condiciones de Visa y Mastercard responden también a una jurisdicción que no es la nuestra. Y, llegado el caso, también pueden activarse, modificarse o suspenderse desde fuera.
La pregunta no es si eso ha ocurrido alguna vez, ha ocurrido, y no pocas. La pregunta es si Europa puede permitirse seguir construyendo su economía cotidiana sobre infraestructura que, cuando importa de verdad, no controla. La respuesta, como ya apunté a propósito de Mythos, debería sonrojarnos.
Coda quijotesca
Decíamos hace unos días que Bruselas, al revés que el hidalgo, confunde a los gigantes con molinos y prefiere no arremeter. El datáfono añade un matiz aún más amargo: hay días en que ni siquiera ve los molinos. Los toca con el móvil, oye un pitido, sigue andando. Y se dice a sí misma que aquello era sólo un café.
Pero no era un café. Era, os podéis imaginar, un interruptor.
Y el interruptor, como tantas veces en esta historia, no es nuestro.
Referencia
Rachedi, Omar. «La soberanía pasa por el datáfono». El País, 1ª edición, 20 de mayo de 2026, p. 12. Omar Rachedi es profesor de Economía de Esade.
